Crecen los apoyos institucionales a la escena y pierde iniciativa la empresa privada
En cinco años de gestión socialista, los presupuestos del Estado destinados al teatro han pasado de 1250 millones a 2.678 millones. El Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), junto con el Ministerio de Obras Públicas (MOPU), ha restaurado y rehabilitado 51 teatros con un presupuesto de 6.500 millones. En el otro lado de la moneda, los empresarios teatrales privados se quejan del desfase entre sus producciones y las que cuentan con apoyo gubernamental, y temen que el futuro del teatro en España sea el de un teatro absolutamente institucional, como ocurre en los casos italiano y alemán, lo que supondría la pérdida del valor más rico de su mercado: el de la competencia.
JUAN ANTONIO VIZCAINO, Madrid. Si observamos e1 Informe de gestión realizado por el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), organismo dependiente del Ministerio de Cultura, correspondiente a los más de cinco años de gobierno socialista, la situación ha mejorado considerablemente. En estos años han aumentado los presupuestos del ministerio de 1.250 millones a 2.678 millones, al tiempo que se ha incrementado la asistencia de espectadores al teatro en Madrid de 1.600.000 a 2.700.000, lo que ha supuesto un aumento de las recaudaciones de taquilla de 1.400 millones a 2.000 millones.
Por otra parte, el INAEM junto con el Ministerio de Obras Públicas (MOPU), han acometido el importante proyecto de restauración y rehabilitación de 51teatros de todo el Estado, con un presupuesto de 6.500 millones de pesetas, que ayudarán a la descentralización del teatro y a la creación de un circuito de teatros bien equipados técnicamente.
Un importante aumento en las cantidades de ayuda al teatro privado y a las compañías independientes y la creación de dos nuevos teatros nacionales: el Centro Nacional de Nuevas Tendencias Escénicas y el Centro Nacional de Teatro Clásico, que vienen a unirse al Centro Dramático Nacional, organismo creado en los tiempos de gobierno de la UCD, y al tradicional teatro de la Zarzuela.
Entre otras, estas medidas han determinado la sensibilización de los diferentes organismos públicos del país. Gobiernos autónomos, ayuntamientos y diputaciones se han planteado como un objetivo especial la recuperación del teatro.
Las respuestas a esta recuperación han sido bastante diferentes, pudiendo considerarse algunas gestiones como ejemplares y otras ridículas. En general, podría decirse que ha habido una implicación local a nivel presupuestario en la restauración de sus teatros, una fascinación por el festivalismo equivalente a una malentendida modernidad de la estructura de programación teatral de un municipio, y un incremento de ayudas a las compañías autóctonas para que puedan desarrollar su actividad en condiciones normales, así como una voluntad, casi nunca suficiente, de creación de escuelas o institutos de teatro donde se formen los nuevos profesionales, o el apoyo a campañas de teatro en la escuela para ayudar a desarrollar la sensibilidad teatral de los futuros espectadores.
Pocos datos se pueden conocer de la empresa privada, productora del llamado teatro comercial, fundamentalmente producido en Madrid, donde se encuentra la sede de la Asociación de Productores de Espectáculos Teatrales, asociación que cuenta con 19 socios, aunque no posee control sobre las cifras globales de las producciones de sus asociados. Como muestra, las cifras de la empresa Justo Alonso, ascendieron en 1987 a 144.250.000 pesetas, invertidas en la producción de siete espectáculos, entre los que se cuentan La taberna fantástica, de Alfonso Sastre y Bajarse al moro, de José Luis Alonso de Santos, y de 44.323.000 pesetas en el ejercicio 1988 como presupuesto para el mantenimiento de sus espectáculos y la producción de otros dos nuevos.
José Luis López, hermano y productor de Lina Morgan, ha dado la cifra de 60 millones en la producción de su último espectáculo, El último tranvía. Ambos productores, Alonso y López, no cuentan con ningún tipo de ayuda del Ministerio de Cultura. Con respecto a las otras empresas, no han podido obtenerse cifras concretas, como en el caso de las tres sociedades que preside José Tamayo, que sostienen el Teatro Bellas Artes de Madrid, la Compañía de la Antología de la Zarzuela y el Teatro Nuevo Apolo, financiado por el Banco de Bilbao-Vizcaya.
Para los productores del teatro comercial, la desproporción entre las cifras del teatro institucional y el privado hace temer por la supervivencia de este último. Según Justo Alonso, el Estado está haciendo una competencia desleal al teatro privado con sus festivales, sus precios políticos y la elevación de los sueldos de técnicos y artistas hasta cotas superiores a la realidad teatral española. Por su parte, José Luis López coincide con Alonso en que sería más beneficiosa para el teatro español una política que, en primer lugar, liberase al teatro de los fuertes impuestos que determinan su actividad; también sería necesario un sistema de subvenciones que apoyase, como en el caso del cine, el éxito de los espectáculos y no su fracaso, y, por último, la creación inminente de una ley de teatro que regule su funcionamiento.
Por otra parte, el INAEM junto con el Ministerio de Obras Públicas (MOPU), han acometido el importante proyecto de restauración y rehabilitación de 51teatros de todo el Estado, con un presupuesto de 6.500 millones de pesetas, que ayudarán a la descentralización del teatro y a la creación de un circuito de teatros bien equipados técnicamente.
Un importante aumento en las cantidades de ayuda al teatro privado y a las compañías independientes y la creación de dos nuevos teatros nacionales: el Centro Nacional de Nuevas Tendencias Escénicas y el Centro Nacional de Teatro Clásico, que vienen a unirse al Centro Dramático Nacional, organismo creado en los tiempos de gobierno de la UCD, y al tradicional teatro de la Zarzuela.
Entre otras, estas medidas han determinado la sensibilización de los diferentes organismos públicos del país. Gobiernos autónomos, ayuntamientos y diputaciones se han planteado como un objetivo especial la recuperación del teatro.
Las respuestas a esta recuperación han sido bastante diferentes, pudiendo considerarse algunas gestiones como ejemplares y otras ridículas. En general, podría decirse que ha habido una implicación local a nivel presupuestario en la restauración de sus teatros, una fascinación por el festivalismo equivalente a una malentendida modernidad de la estructura de programación teatral de un municipio, y un incremento de ayudas a las compañías autóctonas para que puedan desarrollar su actividad en condiciones normales, así como una voluntad, casi nunca suficiente, de creación de escuelas o institutos de teatro donde se formen los nuevos profesionales, o el apoyo a campañas de teatro en la escuela para ayudar a desarrollar la sensibilidad teatral de los futuros espectadores.
Pocos datos se pueden conocer de la empresa privada, productora del llamado teatro comercial, fundamentalmente producido en Madrid, donde se encuentra la sede de la Asociación de Productores de Espectáculos Teatrales, asociación que cuenta con 19 socios, aunque no posee control sobre las cifras globales de las producciones de sus asociados. Como muestra, las cifras de la empresa Justo Alonso, ascendieron en 1987 a 144.250.000 pesetas, invertidas en la producción de siete espectáculos, entre los que se cuentan La taberna fantástica, de Alfonso Sastre y Bajarse al moro, de José Luis Alonso de Santos, y de 44.323.000 pesetas en el ejercicio 1988 como presupuesto para el mantenimiento de sus espectáculos y la producción de otros dos nuevos.
José Luis López, hermano y productor de Lina Morgan, ha dado la cifra de 60 millones en la producción de su último espectáculo, El último tranvía. Ambos productores, Alonso y López, no cuentan con ningún tipo de ayuda del Ministerio de Cultura. Con respecto a las otras empresas, no han podido obtenerse cifras concretas, como en el caso de las tres sociedades que preside José Tamayo, que sostienen el Teatro Bellas Artes de Madrid, la Compañía de la Antología de la Zarzuela y el Teatro Nuevo Apolo, financiado por el Banco de Bilbao-Vizcaya.
Para los productores del teatro comercial, la desproporción entre las cifras del teatro institucional y el privado hace temer por la supervivencia de este último. Según Justo Alonso, el Estado está haciendo una competencia desleal al teatro privado con sus festivales, sus precios políticos y la elevación de los sueldos de técnicos y artistas hasta cotas superiores a la realidad teatral española. Por su parte, José Luis López coincide con Alonso en que sería más beneficiosa para el teatro español una política que, en primer lugar, liberase al teatro de los fuertes impuestos que determinan su actividad; también sería necesario un sistema de subvenciones que apoyase, como en el caso del cine, el éxito de los espectáculos y no su fracaso, y, por último, la creación inminente de una ley de teatro que regule su funcionamiento.
Liberar al teatro de impuestos El secretario de la Asociación de Productores, de Espectáculos Teatrales, Enrique Cornejo, señala cómo para afrontar la solución de los problemas del teatro sería fundamental la absoluta unión del sector empresarial español que hasta ahora funcionan con grandes dosis de individualismo.
Para el director general del INAEM, José Manuel Garrido, los resultados obtenidos hasta ahora no pueden ser más que optimistas. Con respecto a las posibles soluciones que apuntan algunos productores, estima que no se puede liberar a un sector comercial como el del teatro de impuestos porque no se hace con ninguna otra actividad comercial, aunque señala cómo se ha reducido en las actividades teatrales el IVA que ha pasado de un 12% a un 6%. En cuanto al sistema de subvenciones a los espectáculos que más recaudación de taquilla realicen, José Manuel Garrido afirma que sería poco ético porque no se valoraría el riesgo de la creación artística. Con respecto a la ley de teatro, asegura que ningún país moderno tiene esa ley, ya que el teatro es una actividad llena de particularidades, y la prueba está en las continuas modificaciones que sobre la orden de Ayudas al Teatro del INAEM, tienen que realizarse.
José Manuel Garrido reitera la voluntad de su departamento de apoyar el teatro privado hasta el punto de ofrecer a los productores privados la transferencia a su asociación de los presupuestos que el ministerio tiene previstos para el teatro privado, para que sean ellos los encargados de distribuírselos aplicando criterios propios.
EL ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS
J.A.V. Madrid
La comunidad autónoma que más dinero ha dedicado al teatro ha sido Cataluña, con unos resultados bastante elocuentes sobre la calidad y e1 prestigio obtenidos por sus compañías dentro y fuera de nuestro país.
Extremadura, por su parte, ha sido proporcionalmente la comunidad que más dinero dedica por habitante al teatro: 382,13 pesetas sobre una media nacional de 105,34 pesetas. Ello se ha debido fundamentalmente a las importantes cantidades libradas para la creación de infraestructura y rehabilitación de teatros. Dentro de este mismo apartado de pesetas por habitante son los Gobiernos de Baleares y Castilla y León los que menos presupuesto dedican al teatro con cantidades de 10 y 15 pesetas, respectivamente.
El Gobierno de Euskadi, que dedica importantes ayudas a las compañías vascas, no ha previsto la inversión económica para la creación de un circuito, por lo que la mayoría de los espectáculos subvencionados no tienen dónde presentarse. Mientras tanto, se han dedicado cantidades sustanciales a un teatro como el Arriaga, de Bilbao, que se está convirtiendo en una especie de gran leyenda vasca, con un presupuesto de gestión desconocido prácticamente hasta después de haberse realizado sus actividades, lo que no hace sino reproducir estructuras de corte centralista frente al resto del País Vasco.
Galicia ha tenido una disminución progresiva en sus presupuestos teatrales y no se ha realizado prácticamente tarea alguna en favor de la creación de un circuito gallego donde puedan realizarse actividades y representaciones.
Otras comunidades, como la valenciana, Castilla-La Mancha, Andalucía, Aragón y La Rioja, se han distinguido, por el contrario, por su apoyo a la recuperación y creación de nuevos locales para las representaciones teatrales.
El problema de Canarias radica fundamentalmente en el encarecimiento que supone el traslado de las compañías de la Península o extranjeras hasta las islas, y en la gran descoordinación existente entre los diferentes organismos autónomos.
Murcia y Asturias, por su parte, han estabilizado sus presupuestos de apoyo al teatro, aunque en algunos municipios han disminuido, pero se caracterizan también por la falta de circuitos y una especial voluntad de atención a la formación en sus escuelas de teatro.
Extremadura, por su parte, ha sido proporcionalmente la comunidad que más dinero dedica por habitante al teatro: 382,13 pesetas sobre una media nacional de 105,34 pesetas. Ello se ha debido fundamentalmente a las importantes cantidades libradas para la creación de infraestructura y rehabilitación de teatros. Dentro de este mismo apartado de pesetas por habitante son los Gobiernos de Baleares y Castilla y León los que menos presupuesto dedican al teatro con cantidades de 10 y 15 pesetas, respectivamente.
El Gobierno de Euskadi, que dedica importantes ayudas a las compañías vascas, no ha previsto la inversión económica para la creación de un circuito, por lo que la mayoría de los espectáculos subvencionados no tienen dónde presentarse. Mientras tanto, se han dedicado cantidades sustanciales a un teatro como el Arriaga, de Bilbao, que se está convirtiendo en una especie de gran leyenda vasca, con un presupuesto de gestión desconocido prácticamente hasta después de haberse realizado sus actividades, lo que no hace sino reproducir estructuras de corte centralista frente al resto del País Vasco.
Galicia ha tenido una disminución progresiva en sus presupuestos teatrales y no se ha realizado prácticamente tarea alguna en favor de la creación de un circuito gallego donde puedan realizarse actividades y representaciones.
Otras comunidades, como la valenciana, Castilla-La Mancha, Andalucía, Aragón y La Rioja, se han distinguido, por el contrario, por su apoyo a la recuperación y creación de nuevos locales para las representaciones teatrales.
El problema de Canarias radica fundamentalmente en el encarecimiento que supone el traslado de las compañías de la Península o extranjeras hasta las islas, y en la gran descoordinación existente entre los diferentes organismos autónomos.
Murcia y Asturias, por su parte, han estabilizado sus presupuestos de apoyo al teatro, aunque en algunos municipios han disminuido, pero se caracterizan también por la falta de circuitos y una especial voluntad de atención a la formación en sus escuelas de teatro.
‘Festivalitis’
Los casos de festivalitis más crónicos corresponden, quizá, a Cantabria y Navarra, dos comunidades con una baja dotación de teatros, escuelas y ayudas a las compañías locales, pero que, sin embargo, cuidan con especial mimo los grandes presupuestos de sus festivales de verano: el Festival Internacional de Santander y Festivales de Navarra, que exportan una imagen de prestigio durante un mes pero que el resto del año impiden que se pueda realizar una actividad teatral digna y normalizada.
El caso de Madrid es a todas luces especial: en la capital de España se encuentra el mayor número de teatros y la mayor oferta teatral de todo el país, pero la necesidad autoimpuesta de asumir el prestigio y el boato nacional con grandes actividades, como son los festivales, lleva a organismos como la Comunidad de Madrid a realizar una política teatral basada en el Festival de Otoño, con un presupuesto superior a los 250 millones de pesetas, frente a la inexistencia de cualquier tipo de ayudas a las compañías teatrales madrileñas, que sólo pueden optar a hacer pequeñas giras.
Publicado en el diario El País. 11 de octubre de 1988.